En el acto de cierre del I Congreso Nacional de Doctrina Social de la Iglesia que se llevó a cabo este fin de semana en Rosario, con la participación de 1.500 personas. Se dio lectura al mensaje “Hacia una nueva imaginación de la justicia y la solidaridad”, en el cual los obispos convocaron a los participantes a difundir la Doctrina Social de la Iglesia y a “contribuir a la elaboración de políticas públicas, como una opción preferencial por los pobres”.
Los obispos destacaron que el aliento mutuo para “fortalecer la fraternidad que fomenta y extiende la responsabilidad por el bien común, es expresión de una amistad social que favorece el desarrollo integral ‘de toda la persona y de todas las personas’”.
“Creemos que es la hora de una nueva imaginación de la justicia y la solidaridad. Nos comprometemos a divulgar la riqueza de la doctrina social de la Iglesia como saber teórico-práctico y renovar esfuerzos para su difusión y testimonio creativo en experiencias concretas”, subrayaron.
Balance de las mesas temáticas
Nuestro obispo, Monseñor Sarlinga se refirió a la importancia que atribuyeron los participantes a que “es indispensable el diálogo como herramienta principal para la elaboración de consensos profundos para establecer políticas perdurables”, subrayaron la necesidad de “formar líderes en todos los ámbitos, con valoración del desarrollo integral y la búsqueda de la justa distribución de los bienes para con los más necesitados” y reclamaron nuevas formas jurídicas de tenencia de la tierra.
Monseñor Martín indicó que los participantes presentaron propuestas “en orden a las políticas públicas en favor de la madre y el niño por nacer”, como la ayuda a las instituciones que atienden a las madres en riesgo, medidas laborales de apoyo a la maternidad y facilitar el acceso a los centros de salud; reclamaron que se reconozca “el pleno derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones, en particular en lo que hace a la educación para el amor”, y manifestaron la necesidad de darle a la familia su lugar de “formadora de personas, educadora de la fe y promotora del desarrollo”.
Monseñor Lozano reiteró la preocupación de los delegados del país por los vínculos sociales frágiles, el “descreimiento creciente” en las instituciones y baja participación ciudadana, la “profundización” de la situación de pobreza, inequidad social y el deterioro de los bienes naturales. También alertaron sobre la falta de sentido de vida, la pobreza, la corrupción y la impunidad favorecen las adicciones, y criticaron la tolerancia social y los mensajes ambiguos que facilitan la iniciación al consumo desde edades tempranas, y el incumplimiento de las leyes que garantizan la propiedad de la tierra a los pueblos originarios.
Los obispos destacaron que el aliento mutuo para “fortalecer la fraternidad que fomenta y extiende la responsabilidad por el bien común, es expresión de una amistad social que favorece el desarrollo integral ‘de toda la persona y de todas las personas’”.
“Creemos que es la hora de una nueva imaginación de la justicia y la solidaridad. Nos comprometemos a divulgar la riqueza de la doctrina social de la Iglesia como saber teórico-práctico y renovar esfuerzos para su difusión y testimonio creativo en experiencias concretas”, subrayaron.
Balance de las mesas temáticas
Nuestro obispo, Monseñor Sarlinga se refirió a la importancia que atribuyeron los participantes a que “es indispensable el diálogo como herramienta principal para la elaboración de consensos profundos para establecer políticas perdurables”, subrayaron la necesidad de “formar líderes en todos los ámbitos, con valoración del desarrollo integral y la búsqueda de la justa distribución de los bienes para con los más necesitados” y reclamaron nuevas formas jurídicas de tenencia de la tierra.
Monseñor Martín indicó que los participantes presentaron propuestas “en orden a las políticas públicas en favor de la madre y el niño por nacer”, como la ayuda a las instituciones que atienden a las madres en riesgo, medidas laborales de apoyo a la maternidad y facilitar el acceso a los centros de salud; reclamaron que se reconozca “el pleno derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones, en particular en lo que hace a la educación para el amor”, y manifestaron la necesidad de darle a la familia su lugar de “formadora de personas, educadora de la fe y promotora del desarrollo”.
Monseñor Lozano reiteró la preocupación de los delegados del país por los vínculos sociales frágiles, el “descreimiento creciente” en las instituciones y baja participación ciudadana, la “profundización” de la situación de pobreza, inequidad social y el deterioro de los bienes naturales. También alertaron sobre la falta de sentido de vida, la pobreza, la corrupción y la impunidad favorecen las adicciones, y criticaron la tolerancia social y los mensajes ambiguos que facilitan la iniciación al consumo desde edades tempranas, y el incumplimiento de las leyes que garantizan la propiedad de la tierra a los pueblos originarios.
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